Desde la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades queremos manifestar nuestro rechazo a la «contrarreforma» que el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, propone de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Consideramos que la contrarreforma de la actual Ley IVE se ha hecho al dictado de la ultraconservadora Conferencia Episcopal, siendo una amenaza a los derechos de las mujeres, ya que esta Ley pretende retroceder a la de antes de 1985.
Esta reforma devolvería los derechos de las mujeres a etapas preconstitucionales y sería un menosprecio inaceptable a los criterios científicos y a las luchas feministas, protagonistas del progreso social y de conquistas que han revertido en el bien colectivo y la construcción de una sociedad más justa. Este atentado contra la libertad de las mujeres es del todo inaceptable.
No satisfecho el Sr. Gallardón con excluir el supuesto de «cuando exista malformación fetal», también duda del riesgo para la vida de la madre. Citando textualmente alguna de sus afirmaciones: «el peligro sobre la salud de la madre no debe ser entendido como pretexto» o «no hay prevalencia de los derechos de la mujer sobre el derecho del neonato». Eliminar el supuesto de malformación del feto como causa para interrumpir el embarazo, supone un grave atentado contra la libertad y la salud de las mujeres, a las que se obligaría a mantener un embarazo forzado, en contra de su voluntad.
Queremos recordar al Ministro de Justicia que juró cumplir la Constitución del Estado Español, en el que éste se declara aconfesional. Con esta reforma podemos ver que lo único que pretende es acallar las presiones del ala de la Iglesia Católica más reaccionaria, retrógrada y machista de este país.
La Ley vigente es una conquista social que lleva detrás décadas de lucha, es una Ley equiparable a la de la mayoría de los países europeos, fue aprobada por un amplio consenso en las Cortes y respeta los mandatos de la ONU y otros organismos internacionales.
También queremos recordarle al Ministro Gallardón que España ratificó en 1983 la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de dicriminación contra las mujeres (CEDAW) donde proclama, en su artículo 16.e) el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, así como a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
Por tando, retroceder a una Ley más restrictiva sería abandonar tratados internacionales que datan de 1979, y tener para las mujeres españolas una legislación retrógada al nivel de países que nos suscriben los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. También lamentamos que todo esto se produzca con el silencio cómplice de la Ministra de Igualdad y Sanidad.
Apelamos a la responsabilidad del Ministro de Justicia para legislar a partir del consenso social, y no obedeciendo los dictados de los sectores ultraconservadores y radicales, con ideologías fundamentalistas, que están al margen de los valores democráticos, de la igualdad de género y del respeto a las libertades personales. Le pedimos la retirada inmediata de la contrarreforma de la Ley de IVE.
Legislar el aborto libre es acabar con la hipocresía de que las ricas viajen y las pobres se desangren. Estar en contra del aborto no es abogar por la vida, es callar ante los abortos clandestinos, que matan a miles de niñas y mujeres en el mundo cada día.
Consideramos, y por tanto exigimos, que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de libertad, seguridad y legalidad. Por ello seguimos reclamando una maternidad libre y responsable, un aborto seguro.
Marta Mas Perulles – Presidenta de la FEPAIO