Hace apenas una semana se desactivaba la Alerta Feminista que a través de numerosas asociaciones, coordinadoras o redes, las mujeres habíamos puesto en marcha a principios de verano, con el fin de que el gobierno no derogara la LO 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero lejos de triunfalismos pasajeros, la Alerta Feminista no debería desactivarse, ya que asistimos al desmantelamiento, silencioso e invisible (como nosotras) de las Políticas en materia de Igualdad de Oportunidades y los organismos de la Administración Pública encargados de su desarrollo e implementación.
Y esta no es una mera opinión que parte de subjetividades específicas sino un hecho constatable a través de la normativa vigente.
La publicación de la Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa supone un nuevo mazazo a las Políticas de Igualdad que reafirma la voluntad política actual de eludir la responsabilidad institucional en el impulso, desarrollo y evaluación de normas, medidas y planes que garanticen una Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
De este modo, “Con el objetivo de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicidades entre organismos administrativos, se acuerda la integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer”, que pasa a denominarse Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
A través de esta nueva denominación, se amplían los fines del Instituto de la Mujer a “la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Esta nueva reorganización, no sólo No viene vinculada a la adjudicación de más medios materiales y humanos para el desarrollo de sus nuevos fines, sino que merma las competencias históricas que tiene el Instituto de la Mujer en virtud de la Ley 16/1983, de creación del Instituto de la Mujer y ratificadas gracias al RD 774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva regulación del Instituto de la Mujer.
Así, esta nueva Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa suprime con esta fusión numerosas competencias que se le habían adjudicado a la DG para la Igualdad de Oportunidades cuando se creó en el año 2012, así como varias de las competencias tradicionales del Instituto de la Mujer. Y no precisamente porque dichas competencias estén duplicadas.
Volvemos a despejar las dudas sobre si estamos exponiendo o no meras opiniones subjetivas. Adjunto se encuentra el extracto de las tres normas que regulan las competencias referidas y todas las funciones y competencias eliminadas.
Desde el proceso de Transición democrática, las mujeres hemos luchado por nuestros derechos, y ha costado mucho que a través de los diferentes gobiernos que ha habido, se llegara a la estructura pública actual de desarrollo de Políticas de Igualdad dirigidas a las mujeres, siempre con el liderazgo del Instituto de la Mujer.
El Instituto de la Mujer es un referente institucional, social y para todas nosotras; y así debería de seguir siéndolo.
Desde el 2012 ha sufrido de manera brutal los recortes presupuestarios, buscándose a su vez su paulatina y silenciosa desaparición:
Líneas de subvención fundamentales han desaparecido (subvenciones para estudios de género y feministas, subvenciones para la edición de publicaciones, etc.) y las que quedan, así como la mayoría de sus programas específicos, se han visto reducidos a mínimos inadmisibles.
Nuevamente no es sólo una opinión subjetiva. Vayan a la web del Instituto de la Mujer, vayan a sus memorias anuales, la realidad hablará por sí sola.
Y no sólo son relevantes los recortes presupuestarios que afectan al desarrollo de programas y políticas de Igualdad sino la falta de contenidos, de personas competentes e involucradas en las políticas de Igualdad, principales factores que garantizan el vaciado de contenidos del Instituto de la Mujer a corto plazo:
Numerosos departamentos No cuentan con puestos de coordinación, dada la amortización de plazas que se viene dando derivada de la jubilación del personal funcionario. Esta medida, generalizada dentro del Sector Público con motivo de alcanzar el objetivo de déficit en los últimos años no parece que de manera específica vaya a cambiar en el caso de las plazas amortizadas del Instituto de la Mujer y previsiblemente quedará fuera del compromiso público del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “de suavizar las limitaciones de plantillas públicas a partir del 2015”.
Desde la Sociedad Civil y el movimiento de Mujeres no nos quedamos quietas, en silencio sino que reivindicamos un cambio de tendencia necesario e imprescindible.
Basta ya de políticas e iniciativas opacas que ningún valor añadido ofrecen a la lucha de las mujeres por alcanzar las mismas cotas de libertad e igualdad en la praxis democrática.
Y esto se lo exigimos no sólo al gobierno actual, que orquesta el desarrollo normativo en la actualidad, pues no sólo es el responsable sino también al resto de partidos políticos, que tampoco llegan a comprometerse con la Igualdad ni con las mujeres salvo cuando les interesa electoralmente.
Aida Rodriguez Muñoz – Vocal de FEPAIO y Presidenta de IOCOVA